Colombia: protestas y genocidio sistemáticos

Por  Anahí Arizmendi

En menos de 48 horas Colombia registró 1443 casos de violencia, 814 detenciones arbitrarias, 31 personas desaparecidas, 19 muertos, 21 víctimas de agresión directa a los ojos y 10 mujeres agredidas sexualmente, producto de actuaciones de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, desde el inicio de las protestas contra a reforma tributaria el 28 de Abril. Un parte de guerra que crece con las horas y que se suma a larga lista de violaciones a los derechos humanos del gobierno de Iván Duque.

Ante la apuesta gubernamental al fracaso del Acuerdo de Paz, Colombia continúa en el camino del genocidio sistemático al liderazgo social y la criminalización de la protesta, que se mantiene viva en las calles, alimentada por el malestar social, el mal manejo de la pandemia, la violencia y la amenaza de aprobación de leyes que privatizaran servicios y afectaran directamente a los sectores más excluidos.

Más allá de la reforma tributaria

La movilización nacional obligó al Presidente Duque a retirar su propuesta de reforma tributaria “para buscar mayores consensos” y provocó la renuncia de su Ministro de Hacienda. Pero deja pendiente el debate de una polémica reforma a la ley de salud, que privatizará el sistema público colombiano. La población se mantiene en la calle, denunciando ésta y otras posibles legislaciones, así como denunciando las violaciones de derechos humanos contra la población civil.

La jornada nacional sumó diversos sectores sociales y jóvenes como expresión de un malestar profundo, vinculado con la situación de pobreza que hoy vive la mitad de la población colombiana. La respuesta militar a una protesta civil es una fórmula de vieja data en Colombia solo en 2020 se contabilizaron 91 masacres. La nación se ubica entre los países más peligrosos del mundo. Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales colombianas alertan que 904 líderes sociales  y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados  desde el 01 de diciembre de 2016. La mitad realizaban tareas que ayudaban a materializar la implementación del Acuerdo de Paz.

A pesar del silencio de los grandes medios de comunicación, imágenes y videos invadieron las redes sociales con las etiquetas  #SOSCOLOMBIA y #SOS COLOMBIADHHH. La presión social obligo a que finalmente el 4 de mayo la Alta Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos  expresará  “su consternación” ante las innumerables denuncias de los y las defensores de derechos humanos. Reconoció que la mayoría de las movilizaciones son pacíficas “Las armas de fuego solo pueden utilizarse  como último recurso ante amenaza inminente”.

El mismo día la Misión de Paz de la OEA para Colombia emitió un comunicado  y  el Secretario General de la organización Luis Almagro  “condenó la violencia y exceso de la fuerza policial” y “los actos de vandalismo de grupos violentos”. La declaración  recibió duras críticas por parte del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que califica la situación como “una de las urgencias y crisis de derechos humanos más graves  de los últimos tiempos en nuestro continente”.

Desde hace ya un buen tiempo, las actuaciones del Secretario General de la OEA distan mucho de estar enmarcadas en las funciones asignadas a su cargo y las normas  y principios a las que está sujeto. En estos días de paro nacional y movilización social en Colombia, iniciado el día miércoles 28 de Abril, y con una creciente y criminal represión de parte del Estado y el gobierno colombiano la Secretaria General de la OEA mantuvo un total silencio. Desde su principal red social, sí difundió entre otras publicaciones, condolencias por muertos en accidente en Ciudad de México y en Israel, una actividad con quien llama “presidente encargado de Venezuela”, Juan Guaidó, o un saludo a la nueva encargada de la USAID del gobierno de Estados Unidos.

Por su parte el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó al gobierno colombiano “moderar su respuesta ante el paro” y  rechazar el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones. Colombia es uno de los principales aliados de los intereses norteamericanos en la región y  el único país en América Latina considerado como socio global de la OTAN.

En pleno conflicto, el senador y ex Presidente Álvaro Uribe publicó un tuit en el que pedía apoyo para que policías y soldados pudieran “utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. En tanto el Presidente Duque ajustó a su medida la figura legal de la “asistencia militar”, en “golpes regionales” en los que la autoridad paso en los hechos de manos del Alcalde o Gobernador  la fuerza pública.

A las profundas desigualdades sociales y años de guerra se suma el crítico manejo de la pandemia del Covid 19. En el  inicio del paro nacional, Colombia registraba 2,8 millones de casos positivos y más de 72 mil personas fallecidas. Denuncias sobre  irregularidades en el manejo de la pandemia ocuparon pancartas y comunicados en las movilizaciones de Noviembre del 2020, convocadas por centrales obreras, maestros  y otras organizaciones. Como en otros países, la movilización popular se vio contenida por la pandemia, solo que en Colombia un tema de salud pública se convirtió en un problema de orden público, criminalizando las protestas o reclamos por la crisis sanitaria.

Este martes 4 de mayo, varios congresistas solicitaron una moción de censura contra el Ministro de Defensa Diego Molano por los abusos de la fuerza pública durante el paro nacional. Igual que su antecesor Guillermo Botero, ambos justificaron  la muerte de niños en bombardeos a poblaciones civiles bajo el concepto que los infantes son  “máquinas de guerra”

La falta de políticas integrales de atención y el cierre de servicios de protección en medio de la pandemia trajo consigo el incremento de la violencia, el reclutamiento forzado, feminicidios y la utilización de niños y niñas por parte de grupos armados, muchos de los cuales son víctimas de abusos y violencia sexual al ser arrancados de sus comunidades y hogares, según informes de organizaciones como Save The Children.y movimientos por la infancia.

Defensores de derechos humanos denuncian la desaparición de jóvenes en allanamientos nocturnos, disparos a  los ojos, mutilaciones, violencia sexual, disparos desde helicópteros y el uso de armas letales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En el debate en el congreso sobre la existencia de este “cuerpo elite” se evidenció, que a pesar de las innumerables acusaciones, ninguno de sus integrantes ha sido condenado por lesiones personales o violaciones de derechos humanos. El espinoso camino hacia la paz en Colombia se sigue llenando de cruces. En su twitter el senador Iván Cepeda se pregunta Cuántos muertos nos costó tumbar la reforma tributaria?  Las madres de Santiago y Marcelo, dos de los jóvenes fallecidos por impactos de bala durante el paro nacional de estos días  sentencian; “Si no hay castigo, van a seguir matando sin miedo”.

Fuente: Hinterlaces