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Relatora de la ONU, Alena Douhan presentando el Informe Preliminar.
13 de
febrero 2021.
Observatorio de trabajador@s en Lucha
La visita de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviada a Venezuela para investigar de primera mano el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales y su consecuente violación de los derechos humanos, Alena Douhan, arrojó un informe preliminar publicado en el sitio web de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.
En su mayoría, los elementos del informe preliminar ya han
sido descritos y denunciados previamente por las autoridades del Estado
venezolano, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias mediáticas (como
esta tribuna); sin embargo, por primera vez se refieren las consecuencias
destructivas para la población venezolana del bloqueo
económico-financiero-comercial en una instancia multilateral con gran impacto
en la opinión pública global, algo que se debe valorar en su justa medida.
Alena Douhan, oriunda de Bielorrusia, fue nombrada Relatora Especial sobre
los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de
los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de
2020.
Tiene una amplia experiencia en los ámbitos del
derecho internacional y los derechos humanos, es profesora de derecho
internacional en la Universidad Estatal de Belorrusia (Minsk), profesora
invitada en el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los
Conflictos Armados (Bochum, Alemania) y directora del Centro de Investigación
para la Paz (Minsk).
Recibió su doctorado en la Universidad Estatal de
Bielorrusia en 2005 y obtuvo el Dr.hab. en Derecho Internacional y Derecho
Europeo en 2015 (Bielorrusia). Los intereses académicos y de investigación de
Douhan se encuentran en los campos del derecho internacional, las sanciones y
el derecho de los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional,
el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias
internacionales y el derecho ambiental internacional.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se
conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, siendo
el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos
Humanos de la ONU. Procedimientos Especiales es el nombre general de los
mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan
situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los
expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria, no son
personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes
de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
Visto así, el trabajo de Alena Douhan en Venezuela
tiene un carácter humanitario en sí mismo y devela una conciencia en el seno
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU diferente a la extendida por la
ideología destructiva de Estados Unidos en dicha instancia. Se podría decir que
la visita y la investigación de la Relatora Especial de la ONU es realmente
independiente y no fueron coaccionadas por ningún Estado ni organización
pública o privada.
VISTA PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN
Contexto de la visita de Alena Douhan, relatora
especial de la ONU
Desde
el comienzo del texto presentado por Douhan se explicita que se tratan de
“observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con
una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021”. Es decir,
que todo lo descrito aquí aún es susceptible de ser ampliado y no es más que
una vista panorámica de la investigación.
La
relatora especial de la ONU recuerda que la emisión de medidas coercitivas
unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela comenzó en el año 2005 “cuando
introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente
implicadas en el tráfico de drogas”. Luego Washington, en 2006, impuso un
embargo de armas “por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente
en los esfuerzos antiterroristas”.
Para darle contexto, se debe recordar que en 2005 el presidente Hugo
Chávez había declarado la
culminación de toda operación conjunta e intercambio militar con el
Pentágono, una medida que no fue del agrado de Washington y que daba al traste
con los planes de penetración militar en la zona caribeña de Sudamérica, usando
de cabeza de playa el llamado Plan Colombia.
El informe preliminar luego rememora el papel de la Ley de Defensa de
Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela del año 2014 promulgada
por el Congreso estadounidense, que fue la base preliminar para la designación
del denominado Decreto Obama de 2015,
que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad de los Estados Unidos”. A esta orden ejecutiva se le sumaron seis más contra
nuestro país, todas emitidas por la administración de Donald Trump.
Desde
2017 se han emitido medidas coercitivas unilaterales desde Washington que han
minado por completo la economía venezolana y, por ende, la calidad de vida de
la población. El informe preliminar es descriptivo en torno a todas las
legislaciones promulgadas por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro,
asimismo todas las acciones de bloqueo (económico, financiero, comercial,
político y diplomático), resoluciones del Grupo de Lima y el Tratado de Río y
secuestro de fondos en entidades internacionales como los 1 mil 200 millones de
dólares congelados por Novo Banco de Portugal y los cerca de 2 mil millones en
oro depositados en el Banco de Inglaterra y que no son retornados a las arcas
del Estado venezolano.
Situación económica y humanitaria en Venezuela
Luego
de una sucinta descripción del funcionamiento de la economía venezolana,
dependiente de los ingresos estatales del petróleo (“economía monoorientada”) y
de las importaciones de “la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las
piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos”, afirma que “el
declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del
petróleo” para luego citar otros factores de afección como la “mala gestión” y
la “corrupción”.
Pero
no duda en confirmar que “las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por
Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas” de
la economía venezolana que ya venían demostrándose, sobre todo desde 2013 con
la muerte del Comandante Chávez y la asunción de Nicolás Maduro a la
Presidencia de la República Bolivariana.
También
se citan los datos publicados por la Presidencia: “los ingresos del Gobierno se
han reducido en un 99%” y “el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos
anteriores a las sanciones”. Menciona que “las remesas procedentes del
extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la
complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para
realizarlas” y que la hiperinflación de los últimos cuatro años ha pulverizado
los salarios de las intituciones públicas.
Inmediatamente
hace una consideración: aunque en 2018 el Gobierno Bolivariano introdujo
reformas económicas con la intención de superar los obstáculos mencionados, “el
endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava
el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del
Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales”,
teniendo en cuenta que ha sido el Estado, sobre todo desde el año 2000, el que
ha financiado con ingentes cantidades de dinero en inversión social y
desarrollo económico nacional.
Las
cifras y relaciones en materia de infraestructura, migración y servicios
básicos para la población son demoledoras. A continuación citamos solo unas
cuantas relacionadas con “la indisponibilidad de recursos financieros y la
reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones
públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas”:
·
“(…) las líneas eléctricas
pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad”;
·
“la mayoría de los servicios públicos
se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más
cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces,
policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de
la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y
una disminución de su calidad”;
·
(…) numerosos hogares denuncian
cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas
de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal
de mantenimiento cualificado”;
·
“debido a los impedimentos
comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para
hacerla potable se ha reducido en un 30%”;
·
“los impedimentos a la importación de
alimentos, que constituyen más del 50% del consumo nacional, han provocado el
crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5
millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave”;
·
“el programa de cajas de alimentos CLAP,
iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 millones de
hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos”;
·
“Los impedimentos para la atención
sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas;
el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los
equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la
higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento,
la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos
debido a la ausencia de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la
degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección
contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas
médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de
hospitales y centros de atención primaria”;
·
“las plazas de personal médico en los
hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los
equipos médicos están actualmente en funcionamiento”;
·
“la educación escolar y universitaria
se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016,
incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares,
zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas
diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de
alimentos o su cancelación total”.
Ante
todo esto la Relatora Especial de la ONU comenta que el Gobierno bolivariano
mantiene instancias de cooperación con el “PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras
agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG
humanitarias que prestan ayuda, facilitando cierta reconstrucción de los
sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos,
material escolar y alimentos”.
Y
denuncia que “los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de
Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y
equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han
liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020-2021”, dando
a entender que la situación económica y humanitaria en Venezuela ha sido
torpedeada por el bloqueo de manera visible, aun cuando la propaganda
occidental encubra sus acciones y efectos.
Evaluación de la base legal para la imposición de
sanciones
En el
informe preliminar se afirma que el Decreto Obama es básicamente ilegal a los
ojos del Derecho Internacional:
(…) no se corresponde con los
requisitos del art. 4 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una
amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las
exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de
discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición
de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la
comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.
Con
relación a las “sanciones” sobre los sectores estratégicos de la economía
venezolana (petrolero, aurífero, minero, etc.), dice que:
(…) constituyen una violación del
derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las
contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de “máxima presión”
-cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de
los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela
que también afecta a sus relaciones regionales.
En definitiva, todo el entramado de las medidas coercitivas unilaterales
de Estados Unidos contra Venezuela viola los derechos fundamentales consagrados
por las leyes internacionales. Citamos in extenso y
resaltamos con negritas lo nodal:
Refiriéndose
a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, la
Relatora Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes
utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de
Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la
congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su
Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los
derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber
de garantizar las necesidades de la población.
La
Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la
lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que
no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de
representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y
otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana
de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos
de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso
para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control
de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e
impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.
A la
Relatora Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su
forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de
los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos,
muchas de las cuales son de carácter perentorio.
(…)
El Relator Especial subraya que la
aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de
terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y
empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros
Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta
los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial
observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a
donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países.
Lo
que refleja que los instrumentos de coerción y amenazas por parte de Washington
y sus socios contra funcionarios venezolanos y quienes comercien con el Estado
venezolano son claramente ilegales, exceden los acuerdos internacionales y
violan los derechos humanos fundamentales de la población.
Impacto en el disfrute de los derechos humanos
Debido
a todo el andamiaje estadounidense para inducir una crisis económica y social
sobre Venezuela, las conclusiones de la Relatora Especial de la ONU son
contundentes ya que “han exacerbado la situación económica y humanitaria
preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para
desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social,
lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela”.
Asimismo,
Douhan observa que “las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e
insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la
entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y
la restauración de la economía y los servicios públicos”. Es por ello que la
presunción humanitaria de Estados Unidos y la Unión Europea no han sido capaces
de traducirse en la realidad, sino que más bien han servido de munición
propagandística con el fin de demonizar las medidas tomadas por el Gobierno
bolivariano para proteger a la población de los ataques económicos foráneos.
En el
informe preliminar se cuelan las preocupaciones de la investigadora ya que la
aplicación del bloqueo económico-financiero-comercial impiden “al gobierno
de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir
maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros
bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el gobierno
de los Estados Unidos, y también dan lugar a un número creciente de
denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las
transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega,
seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas
para todos los bienes (especialmente los importados)”.
Además,
el bloqueo, como se ha denunciado cientos de veces, “se traduce en la
imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los
reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los
sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones,
escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que
menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una
vida digna”.
También
se reconocen los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en
el aumento de la migración, la pulverización del salario, la falta de
combustible para el mercado interno venezolano, el desmejoramiento de los
servicios básicos para la población “ponen en peligro el ejercicio del derecho
a la educación”, “afectan el acceso a la información y la libertad de
expresión” y, a su vez, “al derecho a la educación, a las libertades académicas
y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria” y el
derecho a la propiedad.
Incluso,
la Relatora Especial de la ONU “observa que, debido a la necesidad de
garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el
Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Una acotación distintiva del informe preliminar tiene que ver
con que se “reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los
derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de
circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación”, adhiriendo
que a los funcionarios venezolanos se les “violan su derecho a tener y expresar
opiniones, y a participar en los asuntos públicos”, trayendo al recuerdo
el caso contra Alex Saab en
Cabo Verde y las gestiones estadounidenses para enjuiciarlo en suelo
norteamericano, de manera totalmente ilegal, como lo demuestra la Relatora
Especial de la ONU:
(…) señala que no se garantiza el
acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos,
especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de
abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas
amenazas del gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.
Es
una guerra de extermino política con matices en los diferentes planos de la
vida la que ejerce Estados Unidos contra Venezuela. Estas son otras palabras
con las que se describen las conclusiones del informe preliminar en este
apartado:
La Relatora Especial concluye que las
sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las
personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público
como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de
empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el
temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a
los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales
tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos
ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o
con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el
ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.
Finalmente, con respecto a las recomendaciones que Alena Douhan hace en
relación al bloqueo, insta “a
los gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos
correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela
(BCV) para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro
tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades
humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios
públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas
y mediante mecanismos de cooperación y supervisión acordados”.
En
ese sentido, lo que se pide es el fin del bloqueo tal como existe sobre
Venezuela. Se solicite el fin de la guerra contra un país que busca superar los
escollos existenciales por los que atraviesa actualmente. Este documento es un
examen de conciencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela,
derechos que son violados por un hegemón en decandencia al que solo le interesa
su supervivencia a costa de crímenes de lesa humanidad sobre una población que
tiene el derecho, asimismo, a existir.
Fuente: Misión Verdad
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